Modelo territorial: qué proponen los partidos
Por el equipo de Test Electoral · Actualizado el 15 de octubre de 2026
Un Estado muy descentralizado
España se organiza en 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales y una parte importante del gasto público. El País Vasco y Navarra tienen además un régimen foral propio: recaudan casi todos sus impuestos y pagan al Estado una cantidad por los servicios que este presta allí.
El resto se financia con un sistema común que debía haberse reformado en 2014. En 2025 el Gobierno pactó con ERC una «financiación singular» para Cataluña, y en septiembre de 2026 Hacienda sacó adelante una propuesta de nuevo modelo, con unos 21.000 millones de euros más para las comunidades, que solo apoyaron Cataluña y Canarias. También estaba en tramitación una ley para que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda autonómica.
Cataluña y las lenguas
En 2017 el Gobierno catalán celebró un referéndum de independencia suspendido por los tribunales y el Parlamento catalán aprobó una declaración unilateral de independencia que no tuvo efectos: el Estado aplicó el artículo 155 de la Constitución y varios dirigentes fueron condenados en 2019. Tras los indultos de 2021, en 2024 se aprobó la ley de amnistía, que el Tribunal Constitucional avaló en 2025 y el Tribunal de Justicia de la UE en 2026, aunque su aplicación a la malversación ha enfrentado al Supremo y al Constitucional.
El catalán, el euskera y el gallego son cooficiales en sus comunidades y desde 2023 pueden usarse en el Congreso. El modelo de inmersión lingüística en Cataluña, con el catalán como lengua vehicular, sigue en los tribunales desde que en 2020 se ordenó impartir al menos un 25 % en castellano.
Dónde se separan los partidos
PP y VOX defienden la unidad de España, rechazaron la amnistía y la condonación de deuda y quieren que todas las comunidades se financien con el mismo sistema. VOX va más allá: propone recentralizar competencias e incluso suprimir las comunidades autónomas e ilegalizar los partidos separatistas. El PSOE apoya la amnistía y la financiación singular, pero rechaza un referéndum de autodeterminación.
Frente Amplio, Podemos e IU defienden un Estado plurinacional o federal y un referéndum pactado. ERC, Junts, EH Bildu, el BNG y la CUP apoyan la autodeterminación, aunque difieren en la estrategia: Junts y la CUP aceptan la vía unilateral y ERC es más ambigua. El PNV y Coalición Canaria prefieren negociar con el Gobierno central para ganar autogobierno. Dentro del independentismo también hay diferencias ideológicas: la CUP, EH Bildu o el BNG anteponen las políticas sociales de izquierda, y Junts tiene un perfil económico más liberal.
A continuación tienes, propuesta a propuesta, qué partidos están a favor y en contra según su programa e ideario público. Si quieres saber con cuáles coincides tú, haz el test.
Las propuestas, partido a partido
Estas son las 18 propuestas del test sobre este tema y la postura de cada uno de los 39 partidos analizados, según su programa e ideario público.
En negrita, los partidos que la defienden o la rechazan con más claridad.
Cataluña y el País Vasco deberían poder celebrar un referéndum de autodeterminación acordado.
Contexto: Una votación sobre la independencia pactada con el Gobierno central, como la de Escocia en 2014, a diferencia de una consulta unilateral como la celebrada en Cataluña en 2017.
España debería estar más centralizada, recortando competencias a las comunidades autónomas.
Contexto: España es uno de los países más descentralizados de Europa: las comunidades autónomas gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales y una parte importante del gasto público. Recortar sus competencias exigiría en muchos casos reformar los estatutos de autonomía o la Constitución.
Las lenguas cooficiales (catalán, euskera, gallego) ya tienen suficiente presencia e impulso institucional.
Contexto: El catalán (también llamado valenciano), el euskera, el gallego y el aranés son cooficiales en sus comunidades. Desde 2023 pueden usarse en el Congreso, y España ha pedido que sean oficiales en la UE, algo que requiere la unanimidad de los Estados miembros.
Las comunidades autónomas deberían tener más autonomía fiscal (más capacidad para fijar y recaudar sus impuestos).
Contexto: Las comunidades de régimen común reciben la mitad del IRPF y del IVA que se recauda en su territorio y pueden modificar impuestos como el IRPF, Patrimonio o Sucesiones, pero la Agencia Tributaria estatal recauda la mayoría. Más autonomía fiscal da más margen a cada comunidad, pero puede aumentar las diferencias entre ellas.
La ley de amnistía a los implicados en el procés catalán fue una medida acertada.
Contexto: Ley de 2024 que extingue la responsabilidad penal, administrativa y contable por hechos ligados al proceso independentista catalán entre 2012 y 2023. El Tribunal Constitucional la avaló en 2025 y el Tribunal de Justicia de la UE en 2026, aunque su aplicación al delito de malversación ha enfrentado al Tribunal Supremo y al Constitucional.
España debería reconocerse constitucionalmente como un Estado plurinacional o federal.
Contexto: Plurinacional: reconocer en la Constitución que en España conviven varias naciones. Federal: un Estado formado por territorios con competencias garantizadas, como Alemania o Estados Unidos.
La inmersión lingüística (escolarización principalmente en la lengua cooficial) debe mantenerse.
Contexto: Es el modelo de Cataluña desde los años ochenta: el catalán es la lengua vehicular y el castellano se enseña como asignatura. En 2020 los tribunales ordenaron impartir al menos un 25 % de las clases en castellano; la Generalitat respondió en 2022 con una ley sin porcentajes que se llevó al Tribunal Constitucional.
El concierto económico (cupo) vasco y navarro debería extenderse a más comunidades.
Contexto: El País Vasco y Navarra recaudan casi todos sus impuestos y pagan al Estado una cantidad (el cupo o la aportación) por los servicios que este presta allí. El resto de comunidades se financia con el sistema común.
El Estado no debería condonar (perdonar) parte de la deuda de las comunidades autónomas.
Contexto: Que el Estado perdone parte de lo que le deben las comunidades autónomas, sobre todo por los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómico. El Gobierno propuso asumir 83.252 millones de euros; el proyecto de ley seguía en tramitación en el Congreso cuando se disolvieron las Cortes en octubre de 2026.
Cataluña debería declarar la independencia de forma unilateral si hiciera falta.
Contexto: En octubre de 2017 el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración unilateral de independencia tras un referéndum suspendido por los tribunales; el Estado aplicó el artículo 155 de la Constitución y la declaración no tuvo efectos. La Constitución no permite que una parte del territorio se separe.
Euskal Herria (incluida Navarra) debería ser un Estado independiente.
Contexto: Euskal Herria es el nombre que el nacionalismo vasco da al conjunto del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés. Navarra es hoy una comunidad foral distinta del País Vasco, y la Constitución prevé un procedimiento, con referéndum, para que pudiera unirse a él si así lo decidieran los navarros.
Galicia es una nación con derecho a decidir su futuro.
Contexto: El Estatuto de Autonomía define a Galicia como nacionalidad histórica. El nacionalismo gallego, representado sobre todo por el BNG, defiende que es una nación con derecho a decidir su futuro político.
Habría que suprimir las comunidades autónomas y volver a un Estado unitario.
Contexto: Las comunidades autónomas nacen de la Constitución de 1978, que reconoce el derecho a la autonomía en su artículo 2. Suprimirlas exigiría el procedimiento de reforma más exigente: dos tercios de ambas cámaras, disolución de las Cortes, nueva aprobación y referéndum.
La clase trabajadora debe organizarse a escala española, sin dividirse por naciones.
Contexto: Es un debate dentro de la izquierda: unos partidos defienden organizar a la clase trabajadora en toda España y ven los nacionalismos como algo que la divide; otros, como la izquierda independentista, unen la lucha social con la nacional en su territorio.
El independentismo debe priorizar las políticas sociales de izquierda sobre lo identitario.
Contexto: Divide al independentismo: partidos como la CUP, EH Bildu o el BNG ponen por delante las políticas sociales de izquierda, mientras que otros, como Junts, se centran sobre todo en la cuestión nacional y tienen posturas económicas más liberales.
Es mejor negociar y pactar con el Gobierno central que confrontar para lograr el autogobierno.
Contexto: Separa dos estrategias del nacionalismo y el regionalismo: negociar con el Gobierno central su apoyo a cambio de competencias e inversiones, como suelen hacer el PNV o Coalición Canaria, o la confrontación abierta para lograr más autogobierno o la independencia.
Hay que ilegalizar los partidos y organizaciones separatistas que atenten contra la unidad de España.
Contexto: La Ley de Partidos de 2002 solo permite ilegalizar partidos que apoyen la violencia o el terrorismo, como ocurrió con Batasuna en 2003. El Tribunal Constitucional ha establecido que defender la independencia por vías pacíficas y democráticas es legal.
Todas las comunidades de régimen común deben financiarse con el mismo sistema, sin acuerdos aparte como el de Cataluña.
Contexto: Todas las comunidades salvo el País Vasco y Navarra se financian con un sistema común, pendiente de reforma desde 2014. En 2025 el Gobierno y ERC pactaron una «financiación singular» para Cataluña, y en septiembre de 2026 Hacienda sacó adelante una propuesta de nuevo modelo con el apoyo de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de comunidades.
Fuentes
- Constitución Española de 1978 (BOE)
- Infobae: Hacienda saca adelante el nuevo modelo de financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias (septiembre de 2026)
- Infobae: el Congreso reactiva la ley para condonar deuda a las comunidades autónomas (septiembre de 2026)
- The Objective: el Constitucional avala la amnistía de la malversación (octubre de 2026)
- Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos (BOE)